First Tuesday 10/02/2009
11-febrero-2009
Ayer estuvimos JoSeK, Prueno y yo en el First Tuesday, escuchando la charla de Mikel Urizarbarrena y Juan Santana, fundador y CEO de Panda Security respectivamente. No voy a dar un resumen completo, porque eso seguro que lo hará después Carlos Blanco mucho mejor, pero sí quería comentar algunos detalles.
En primer lugar, me sorprendió mucho la poca presencia de asistentes, comparada con los últimos meses. Como bien dice JoSeK, parece que como no era una empresa de internet, a muchos les debió parecer menos interesante. Craso error, desde mi punto de vista; fue interesante y un poco diferente del resto de charlas precisamente por ese alejamiento de los típicos servicios de internet, ofreciendo una visión complementaria en algunos aspectos.
En segundo lugar, me hubiera gustado que muchos hubieran escuchado sus comentarios acerca de los complejos de los españoles respecto de las empresas extranjeras. Recomendó la expansión a otros mercados lo antes posible; ellos lo hicieron sin gastarse un duro, utilizando un modelo de franquicia. Seguramente no es algo fácilmente aplicable a muchas empresas de internet, pero al menos es una muestra de que una empresa española puede despertar interés fuera de nuestras fronteras. Para constatarlo, tenemos los recientes ejemplos de Agnitio, Solaiemes y Aquamobile, elegidas por Red Herring entre las 100 startups más prometedoras en los años 2007 y 2008.
Por último, me impresionó que un español como Mikel se hubiera embarcado en un proyecto tan ambicioso como es la traducción automática en tiempo real, a través de la creación de Semantix. Parece que, a fin de cuentas, no es imposible innovar en este país.
Cerca de cuatro millones de ciudadanos no pueden acceder a la banda ancha en España en función de su sitio de residencia. A este indicador negativo para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España se le podrían sumar bajas masivas de clientes del ADSL más lento y caro de Europa.
Las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha -ADSL y cable- que podrían darse de baja si finalmente se confirma el acuerdo que REDTEL está negociando con las sociedades de gestión de los derechos de autor abanderadas por la SGAE, para que en España se den tres avisos antes de desconectar o ralentizar la conexión a Internet por usar redes P2P.
A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 (“Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario”) y 11 (“Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación”) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gestión de los derechos de autor intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos, tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento.
Sin embargo tanto la fiscalía como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft (la mayoría de los casos).
Las propias entidades de gestión de derechos de autor han reconocido en el “Informe de la industria de contenidos en España”, publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad).
Lo cierto es que las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Lo que repercutirá en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo.
Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.
Firmado: Francisco Carrero y miles de firmas más. Pon la tuya publicando el texto en tu blog.
